Audiencia Nacional Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 3ª, S 29-4-2010, rec. 576/2008. Pte: Córdoba Castroverde, Diego

RESUMEN
 
La AN estima en parte el recurso contencioso, anula la resolución por la que se denegó la solicitud de homologación del título obtenido en el Reino Unido al grado académico español de diplomado y ordena la retroacción de actuaciones al momento de la solicitud inicial para que se inicie y tramite el correspondiente expediente en los términos acordados en la sentencia, toda vez que el TS ha cambiado el criterio y, en recientes y numerosas sentencias, se acoge la tesis consistente en que lo trascendente a los efectos de homologación es la normativa existente en el momento en el que se cursaron los estudios y no en el momento en el que se solicita la homologación pretendida, por lo que habrá que estar a la normativa entonces vigente para determinar si era necesario o no que el centro radicado en España contase con la preceptiva autorización administrativa, por lo que si los estudios se cursaron antes de que entrase en vigor la Ley 6/2001 y el RD 285/2004, resultaba aplicable para la homologación la anterior normativa, constituida por la LO 11/1983 y del RD 86/1987, normas en las que no era exigible, para obtener la homologación, el requisito de que los centros radicados en España en los que se hubiera seguido toda o parte de la formación necesaria para obtener el título universitario extranjero contaran con la autorización prevista en el RD 557/1991

 
NORMATIVA ESTUDIADA
RD 285/2004 de 20 febrero 2004. Condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior
art.5.2
LO 6/2001 de 21 diciembre 2001. Universidades
art.86.3
 
CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS
NORMA JURÍDICA
APLICACIÓN DE LA NORMA
En general
JURISPRUDENCIA
Clases
Del Tribunal Supremo
UNIVERSIDADES
TITULACIONES
En general
Homologación, convalidación
De títulos o estudios realizados en el extranjero
En general
 
FICHA TÉCNICA
Favorable a: Administración estatal (funciones ejecutivas),Particular; Desfavorable a: Administración estatal (funciones ejecutivas),Particular
Procedimiento: Recurso contencioso-administrativo
Legislación
Aplica art.5.2 de RD 285/2004 de 20 febrero 2004. Condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior
Aplica art.86.3 de LO 6/2001 de 21 diciembre 2001. Universidades
Cita RD 285/2004 de 20 febrero 2004. Condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior
Cita LO 6/2001 de 21 diciembre 2001. Universidades
Cita art.57 de Ley 30/1992 de 26 noviembre 1992. Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Cita art.2 de RD 1665/1991 de 25 octubre 1991. Reconocimiento de Títulos de Enseñanza Superior de Nacionales CEE con Formación Mínima de 3 años
Cita RD 557/1991 de 12 abril 1991. Creación y Reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios
Cita RD 86/1987 de 16 enero 1987. Homologación de Títulos Superiores Extranjeros
Cita LO 11/1983 de 25 agosto 1983. Reforma Universitaria
Cita art.9.3 de CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española
Cita art.2 de RD de 24 julio 1889. Código Civil

 
ANTECEDENTES DE HECHO
 
PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso y previos los oportunos trámites, se confirió traslado a la parte actora por término de veinte días para formalizar la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 10 de octubre de 2008 en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, solicita sentencia estimatoria del recurso por la que se anule la resolución recurrida y se declare la disconformidad a derecho del acto impugnado y, previos los trámites oportunos, que puedan incluso suponer el planteamiento de una cuestión prejudicial europea, o la que mejor corresponda en derecho, y consecuentemente, se anule las resoluciones por las que se deniega la solicitud de homologación de su titulación, así como la desestimatoria del recurso de reposición interpuesta por esta parte, declarando el derecho de mi representada, a que se homologuen su título universitario.
SEGUNDO.- La Administración demandada, una vez conferido el tramite pertinente para contestar la demanda, presentó escrito en el que alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, solicitando una sentencia en la que se declare la conformidad a derecho de las resoluciones impugnadas.
TERCERO.- Tras la practica de las pruebas que se consideraron pertinentes, con el resultado obrante en las actuaciones, y no estimándose necesaria la celebración de vista pública, se confirió traslado a las partes por termino de quince días para la formulación de conclusiones. Presentados los oportunos escritos quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose al efecto el día 27 de abril de 2010, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.
Siendo PONENTE el Magistrado Ilmo. Sr. D. DIEGO CORDOBA CASTROVERDE.

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la Resolución de la Ministra de Educación y Ciencia de 11 de abril de 2008 por la que se por la que se denegó la solicitud de homologación del título de “Bachelor of Science in Environmental Risk Management obtenido en University of Wales (Reino Unido) al grado académico español de Diplomado.
La resolución puesta en tela de juicio se funda en el artículo 86.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21-12, de Universidades , y en el artículo 5.2.b) del Real Decreto 285/2004, de 20-2 , por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, y ello habida cuenta que durante el curso 1998/1999 el Centro de Estudios Superiores de la Fundación San Valero de Zaragoza, en que realizó los estudios, no contaba con la preceptiva autorización para impartir enseñanzas conducentes a la obtención de un título universitario extranjero conforme al Real Decreto 557/1991 .
El recurrente considera que no es posible exigir, a la vista de la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo, la autorización administrativa para homologar unos estudios dado que en la fecha en la que se cursaron no era necesaria dicha autorización administrativa. Aduce que el año en el que empezó a estudiar en la Fundación San Valero ya estaba publicada la orden de autorización del Centro en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Aduce la irretroactividad de los Reglamentos y finalmente alega que las normas aplicadas pueden lesionar las libertades de establecimiento, libre circulación y prestación de servicios consagradas en el derecho comunitario invocando diversas sentencias, del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas entre ellas la sentencia de 13 de noviembre de 2003 (caso Neri C-153/2002) por condicionar la homologación pretendida a que el centro disponga de una autorización administrativa, por lo que considera que sería conveniente plantear una cuestión prejudicial de interpretación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
SEGUNDO.- Este Tribunal ha venido afirmando en numerosas sentencias la conformidad a derecho de aquellas resoluciones administrativas que, al amparo del artículo 86.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21-12, de Universidades , y en el artículo 5.2.b) del Real Decreto 285/2004, de 20-2 , por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, deniegan la homologación de los títulos extranjeros cuando el centro en que se realizaron los estudios, radicado en España, no contaba con la preceptiva autorización para impartir enseñanzas conducentes a la obtención de un título universitario extranjero conforme al Real Decreto 557/1991 , siempre que la solicitud de homologación se presentase tras la entrada en vigor de la LO 6/2001 y el Real Decreto 285/2004 , al considerar que la normativa por la que ha de regirse la homologación es la vigente en el momento en que se presenta la solicitud de homologación y no la fecha en la que se cursaron los estudios cuya homologación se pretende.
TERCERO.- El Tribunal Supremo ha cambiado este criterio y en recientes y numerosas sentencias de la Sala Tercera, Sección 4, de 16 de junio de 2009 (rec 1921/2008) de 21 de julio de 2009 (rec 1719/2008) de 21 de julio de 2009 (rec. 7157/2005) de 23 de julio de 2009 (recurso: 828/2008) y entre las más recientes la de 7 de julio de 2009 (rec. 5954/2007) y la 21 de julio de 2009 (rec. 1719/2008) entre otras muchas, se casan las sentencias dictadas por este Tribunal en asuntos similares al que nos ocupa, y se acoge la tesis consistente en que lo trascendente a los efectos de homologación es la normativa existente en el momento en el que se cursaron los estudios y no en el momento en el que se solicita la homologación pretendida por lo que habrá que estar a la normativa entonces vigente para determinar si era necesario o no que el centro radicado en España contase con la preceptiva autorización administrativa. Por lo que si los estudios se cursaron antes de que entrase en vigor la Ley 6/2001 y el RD 285/2004 , resultaba aplicable para la homologación la anterior normativa, constituida por la Ley Orgánica 11/1983 y del Real Decreto 86/1987 , normas en las que no era exigible, para obtener la homologación, el requisito de que los centros radicados en España en los que se hubiera seguido toda o parte de la formación necesaria para obtener el título universitario extranjero contaran con la autorización prevista en el Real Decreto 557/1991
Esta nueva línea jurisprudencial seguida por el Tribunal Supremo argumenta lo siguiente:
”En el primer motivo de casación, con amparo en el artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, se aduce la indebida aplicación retroactiva de los artículos 86.3 de la Ley 6/2001, de Universidades y 5.2 .b) del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero ; y por infracción de los artículos 9.3 de la Constitución Española , 2 de Código Civil y 57 de la Ley 30/1992 , así como de la jurisprudencia específica que los interpreta, alegándose, en síntesis, que tanto los estudios cursados como el título invocado para su homologación son de fecha anterior a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades , como del reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero , cuyo régimen transitorio, a juicio de la recurrente, no tiene en cuenta aquellas situaciones de hecho ya existentes a su entrada en vigor, como es el presente caso, con infracción de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las normas contempladas en la Constitución.
TERCERO.- El motivo --y, con él, el recurso de casación-- debe ser estimado por las razones que, cambiando el criterio observado anteriormente por la Sala, se expusieron en la sentencia de esta Sala de 19 de junio de 2006 dictada en el recurso casación 2296/2000, en un supuesto semejante al que aquí se enjuicia y que tienen continuidad en la sentencia de 30 de junio de 2006, recaída en el recurso de casación 4467/2000 . Razones que reproducimos a continuación en aras de los principios de seguridad jurídica y de unidad de doctrina por ser plenamente aplicables en este proceso:
”QUINTO.- Para resolver el presente recurso de casación conviene precisar qué es lo que se debe decidir en este pleito. Según se ha visto el Sr. ...solicitó la homologación del título que expidió en su favor la Embry-Riddle Aeronautical University el 13 de agosto de 1991. Tal como afirma la Sentencia de la Audiencia Nacional, se trata de un título oficial extranjero y no se discute que sea de educación superior. Por tanto, en principio, parece que debería aplicarse al procedimiento administrativo incoado al efecto el Real Decreto 86/1987 , ya que tiene, precisamente, ese objeto. Así lo hizo el Ministerio de Educación y Cultura, que siguió los trámites previstos en esas normas reglamentarias. No obstante, en cuanto tuvo conocimiento de que parte de la enseñanza que soporta el título la siguió D. ....en los campus de la University of Maryland en Rota y Torrejón, la Administración consideró inviable la pretensión del interesado porque tales centros no cuentan con la autorización prevista por el Real Decreto 557/1991, de acuerdo con los razonamientos que se han expuesto .
Sin embargo, a juicio de la Sala, ese proceder seguido por el Ministerio de Educación y Cultura, primero, y confirmado por la Sentencia de la Audiencia Nacional, después, no se ajusta al ordenamiento jurídico. En particular, incurre en la infracción que D. ...apunta en el segundo de los motivos de su recurso de casación. Es decir, se aparta del sistema de fuentes e inaplica la normativa procedente: el Real Decreto 86/1987 . Si estamos ante un título oficial extranjero de educación superior cuya homologación se pretende, hay que aplicar las reglas que rigen ese procedimiento, no las relativas a la creación y reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios porque no es de eso de lo que aquí se discute.
De lo que se debe tratar, punto este en el que todos parecen coincidir, es de determinar si, efectivamente, hay equivalencia entre la formación gracias a la que D. ...obtuvo el título que quiere homologar y la exigida en España para la expedición del título de Ingeniero, Superior o Técnico, Aeronáutico. Porque no parece preciso observar que seguir el camino de la aplicación del Real Decreto 86/1987 no significa conceder necesariamente la homologación solicitada. Supone, ante todo, comprobar si existe o no esa equivalencia. Y, si no se da, no procederá la homologación y no se producirá ninguna elusión ni fraude. Mientras que, si existe esa equivalencia, tampoco podrá considerarse que ha habido fraude porque, siendo equivalente a la exigida en España la formación en que se sustenta tal título, procederá su homologación.
Lo determinante para la homologación de títulos extranjeros de educación superior de cuya oficialidad no se duda, como aquí sucede, es la formación que comportan. Y esa formación depende de sus contenidos, no del lugar en el que se imparten las enseñanzas. No cabe, pues, intercalar en el régimen dispuesto para la homologación de títulos extranjeros previsiones sobre los requisitos necesarios para reconocer en España Universidades o Centros Universitarios. En definitiva, se ha producido una indebida aplicación del Real Decreto 557/1991 , mientras que se inaplicaba, también indebidamente el Real Decreto 86/1987 .
SEXTO.- Cuanto acabamos de decir se separa de lo mantenido por la Sentencia de esta Sala y Sección de 9 de diciembre de 2003 (casación 4310/1998) dictada en un supuesto semejante al presente, en el que la Administración aplicó los mismos criterios que en este caso, los cuales fueron asumidos por la Sentencia de la Audiencia Nacional entonces impugnada. Se trataba entonces de una solicitud de homologación del título de Bachelor of Arts expedido por la Saint Javier University de Chicago, con estudios parciales en el Instituto Europeo de Derecho y Economía de Barcelona, con el español de Licenciado en Ciencias Económicas.
Seguimos ahora un criterio diferente porque consideramos que la interpretación correcta es la mantenida en esta Sentencia por las razones que se han expuesto, las cuales se ven confirmadas por los cambios normativos que se han producido en los últimos años en materia de homologación de títulos extranjeros de educación superior. Así, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en su artículo 86, apartado 3 , dispone:
”3. Los títulos y enseñanzas de educación superior correspondientes a estudios extranjeros realizados, en todo o en parte, en España sólo podrán ser sometidos al trámite de homologación o convalidación si los centros donde se realizaron los citados estudios se hubieran establecido de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, y las enseñanzas sancionadas por el título extranjero cuya homologación se pretende estuvieran efectivamente implantadas en la Universidad o centro extranjero que hubiera expedido el título. Reglamentariamente, y a los efectos de dicha homologación, el Gobierno regulará las condiciones de acceso a los estudios en dichos centros”.
Los apartados anteriores de este artículo 86 encomiendan al Gobierno la regulación del marco general en que han de impartirse en España las enseñanzas correspondientes a tales títulos extranjeros de educación superior y las condiciones que han de reunir los centros en que se impartan, los cuales deberán contar con autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria. Asimismo, estarán sujetos a la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externa que, por Ley, señale la Comunidad Autónoma.
En coherencia con estas previsiones, el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero , por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, establece en su artículo 2, al regular su ámbito de aplicación:
”Artículo 2 . Ámbito de aplicación
Este real decreto se aplica a:
b) La homologación de títulos extranjeros de educación superior cuyas enseñanzas hayan sido cursadas total o parcialmente en España en centros debidamente autorizados por las Administraciones españolas competentes.
(...)”.
Y, más tarde, en el artículo 5 dice:
” Artículo 5 . Exclusiones
2. No serán objeto de homologación o convalidación los siguientes títulos o estudios extranjeros:
b) Los correspondientes a estudios extranjeros realizados, en todo o en parte, en España, cuando los centros carezcan de la preceptiva autorización para impartir tales enseñanzas, o bien cuando las enseñanzas sancionadas por el título extranjero cuya homologación se pretende no estuvieran efectivamente implantadas en la universidad o institución de educación superior extranjera en el momento en que ésta expidió el título, de acuerdo con lo señalado en el art. 86 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades . No obstante, cuando esas circunstancias afecten sólo a parte de los estudios realizados, los estudios parciales que no incurran en ellas podrán ser objeto de convalidación, en su caso.
(...)”.
No hay duda de que la decisión del legislador de incluir en la nueva disciplina de la homologación de los títulos extranjeros de educación superior las reglas recogidas en el precepto reproducido de la Ley Orgánica 6/2001 , con su consiguiente desarrollo reglamentario, corrobora que, bajo la vigencia de la Ley Orgánica 11/1983 y del Real Decreto 86/1987 no era exigible, para obtener la homologación, el requisito de que los centros radicados en España en los que se hubiera seguido toda o parte de la formación necesaria para obtener el título universitario extranjero contaran con la autorización prevista en el Real Decreto 557/1991 .
Por lo demás, la Sentencia de esta Sala de 12 de abril de 2005 (casación 6026/2002) ofrece consideraciones de interés para el caso que nos ocupa. Ciertamente, se pronuncia sobre un supuesto que no coincide con el que aquí está planteado. No obstante, sí guarda con él claros elementos de afinidad. Se trataba allí de la denegación de la habilitación para el ejercicio en España de las profesiones de Ingeniero Industrial e Ingeniero Técnico Industrial solicitada por quien poseía el título de Bachelor of Science in Technology Management with Second Class Honours, expedido por el University of Wales Institut de Cardiff (Reino Unido). Tal denegación se debió a que el solicitante se había formado en el Centro de Estudios Superiores San Valero, de Zaragoza, que no contaba entonces con la autorización administrativa española. Tras diferenciar entre homologación de títulos y habilitación para el ejercicio profesional en virtud de un título expedido por un Estado miembro de la Unión Europea, la Sentencia, respecto de la exigencia de la autorización del centro situado en España en el que se cursaron los estudios en cuestión, dice:
”En el presente caso es obvio que el interesado ha solicitado no la homologación de su título sino el reconocimiento a efectos del ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial e Ingeniero Técnico Industrial, tal cual indicó inicialmente y en el suplico de la demanda. A estos efectos, lo importante es el título expedido al margen del lugar en que los estudios fueron realizados, pues nada impide a un Estado miembro de la Unión Europea reconocer estudios realizados en Centros de otro Estado miembro y con base en los mismos otorgar el correspondiente título. El control de calidad de los estudios y demás medidas de garantía deben reconocérsele al Estado que expide el título, que hay que presumir por su propio interés que velará por la regularidad y cualificación de los mismos. No otra cosa puede extraerse del artículo 2º del Real Decreto 1665/91 que como requisito para ejercer en España una profesión regulada por nacional de un Estado miembro de la Unión Europea únicamente exige estar en posesión de un título obtenido en un Estado de la Unión Europea, y ello con independencia del lugar en que los estudios se cursaron, pues el artículo 1º define como título, “cualquier título expedido por una Autoridad competente en un Estado miembro, que acredite que el titular ha superado un ciclo de estudios postsecundarios de una duración mínima de tres años en una Universidad, en un Centro de Enseñanza Superior o en otro Centro del mismo nivel de formación y que posee las cualificaciones profesionales requeridas para acceder a una profesión regulada en dicho Estado miembro, siempre que la formación haya sido adquirida principalmente en la Comunidad o el titular tenga una experiencia profesional de tres años acreditada por el Estado miembro que haya reconocido el título”; es decir, se exige la concurrencia de los siguientes requisitos: título, superación de estudios postsecundarios de duración mínima de tres años y que la formación haya sido adquirida en la Comunidad. Dichos requisitos concurren en el interesado, por lo que debe estimarse su recurso de casación, sin que pueda observarse la existencia de un fraude de ley, en atención a lo que a continuación se dirá”.
En definitiva, el criterio que lleva a esta Sentencia a estimar el recurso de casación es, sustancialmente, el que hemos observado a propósito de la homologación del título D....., ya que el problema que resuelve es, en el fondo, el mismo: la aplicabilidad de las normas sobre autorización de Universidades y Centros Universitarios a los procedimientos de homologación de títulos o de habilitación para el ejercicio profesional. Aplicabilidad que se estima improcedente, según la normativa anterior a la Ley Orgánica 6/2001 , en la Sentencia citada y en la que estamos dictando”.
De acuerdo pues con el criterio jurisprudencial mencionado, plenamente aplicable al caso que se enjuicia, en el que el título que se pretende homologar se otorgó el 19 de julio de 1996, y debe acogerse el primer motivo de casación aducido por don..., debiéndose con ello estimarse el recurso formulado, sin necesidad de entrar a valorar el segundo de los motivos de casación planteados.
CUARTO.- La estimación del anterior motivo de casación obliga a esta Sala de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de la Jurisdicción a resolver la cuestión de fondo en los términos en que aparezca planteado el debate que, de acuerdo con las razones que han sido expuestas en el anterior Fundamento, conllevan la estimación del recurso-contencioso administrativo interpuesto, mandando retrotraerse las actuaciones al momento de la solicitud inicial de la homologación, ordenando iniciar y tramitar al Ministerio de Educación y Ciencia el correspondiente expediente en el marco del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero , en el que se emita el oportuno dictamen por el comité técnico competente acerca del juicio de equivalencia de la formación cursada por el interesado en el Centro de Estudios Superiores de la Fundación San Valero de Zaragoza, en relación con la exigida en España para la obtención del Grado académico de Diplomado, y tras los trámites pertinentes se dicte la resolución que proceda”.
Este Tribunal acata este criterio, dado que nos encontramos ante un gran número de sentencias que se pronuncian en el mismo sentido y que, por lo tanto, deben considerase como una jurisprudencia reiterada.
La anulación de la resolución no supone estimar la procedencia de homologar el título del recurrente, lo que sólo podrá tener lugar tras la tramitación del correspondiente expediente y una vez emitido el informe por el órgano técnico competente para realizar el juicio de equivalencia antes aludido, por lo que procede estimar en parte el recurso y anular la resolución impugnada en cuanto deniega la homologación solicitada y ordenar la retroacción de actuaciones al momento de la solicitud inicial para que se inicie y tramite el correspondiente expediente en el que se emita el oportuno dictamen por el órgano técnico competente sobre el juicio de equivalencia de la formación cursada por el solicitante en relación con la exigida en España para la obtención del Grado académico de Diplomado, y tras los trámites pertinentes se dicte la resolución que proceda.
CUARTO.- Esta conclusión no aparece desvirtuada por la invocación que la parte recurrente hace de la normativa comunitaria y su jurisprudencia, ni se considera necesario plantear la cuestión prejudicial de interpretación solicitada, pues es necesario distinguir entre homologación de títulos académicos, regido por las normas de derecho interno incluso para los títulos expedidos por Universidades o instituciones académicas de Estados miembros de la Unión Europea y reconocimiento a efectos de ejercicio profesional, regulado en las normas de derecho comunitario y, eventualmente, en las nacionales que las incorporan y ello aunque tales normas nacionales contengan actualmente una regulación distinta y más favorable para los títulos de países comunitarios que para los restantes, que es consecuencia de una mayor aproximación del contenido de los estudios y de la integración del sistema español en el espacio europeo de enseñanza superior (arts 87-89 de la Ley de Universidades) y que, en el futuro, puede determinar que la distinción entre reconocimiento con fines de ejercicio profesional y homologación de títulos académicos carezca de sentido.
QUINTO.- En apoyo de la anterior consideración podía mencionarse la nueva Directiva 2.005/36/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2.005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, que deroga la Directiva 89/48, citada en nuestras anteriores sentencias, y que tiene por objeto el reconocimiento por un Estado miembro de las cualificaciones profesionales adquiridas en otro u otros Estados miembros, para acceder en el Estado miembro de acogida a una profesión regulada o permitirle su ejercicio (art.1), cuyo reconocimiento tiene por efecto “permitir al beneficiario acceder en ese Estado miembro a la misma profesión que aquélla para la que está cualificado en el Estado miembro de origen y ejercerla con los mismos derechos que los nacionales”; por su parte, los arts. 50 y 51 de la propia Directiva contienen las normas sobre documentación y procedimiento, refiriéndose siempre a las “solicitudes de autorización para el ejercicio de la profesión regulada de que se trate” (art.50.1 .) y faculta a la autoridad del Estado de acogida a realizar determinadas comprobaciones cuando la formación haya sido recibida en su totalidad o en parte en un centro establecido legalmente en el territorio de otro Estado miembro; por último, el art. 54 de la norma comunitaria, que regula el uso de títulos académicos, tras reconocer el derecho de los interesados a hacer uso en el Estado de acogida de los títulos del Estado de origen, establece que “En caso de que el título académico del Estado miembro de origen pueda confundirse en el Estado miembro de acogida con un título que exija en este último Estado una formación complementaria no adquirida por el beneficiario, dicho Estado miembro de acogida podrá exigir que el beneficiario utilice el título académico del Estado miembro de origen en la forma pertinente que le indique el Estado miembro de acogida”, con lo que, sin perjuicio del derecho reconocido al ejercicio de la profesión regulada de que se trate en el marco de las libertades de establecimiento y prestación de servicios, se salvaguarda la competencia de los Estados en la homologación a sus propios títulos académicos, que se diferencia del reconocimiento.
Normativa que es posterior a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo (St TJCE de 13 noviembre de 2.003, Neri, as. C-153/02).
SEXTO.- A los efectos previstos en el art. 139 de la Ley reguladora de esta jurisdicción en materia de costas procesales, no se aprecia temeridad o mala fe en ninguno de los litigantes.
VISTOS los preceptos citados y demás normas de procedente aplicación,

 
FALLO
 
QUE PROCEDE ESTIMAR EN PARTE el recurso interpuesto por Dª Azucena, contra la resolución de la Ministra de Educación y Ciencia de 11 de abril de 2008 por la que se denegó la solicitud de homologación del título de “Bachelor of Science in Environmental Risk Management obtenido en University of Wales (Reino Unido) al grado académico español de Diplomado, anulando la resolución administrativa impugnada ordenando la retroacción de actuaciones al momento de la solicitud inicial para que se inicie y tramite el correspondiente expediente en los términos acordados en esta resolución, sin hacer expresa condena en costas.
Así, por esta nuestra sentencia de la que se llevará testimonio a las actuaciones, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
 
Número CENDOJ:28079230032010100286